El Acuerdo Escazu, un peligro inminente para Perú.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Actualmente cuenta con nueve ratificaciones (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay).

El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre los 24 países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

Este acuerdo fue el primero realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas.​ El acuerdo fue firmado finalmente por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente por otros 3 países más y está a la espera del proceso de ratificación respectivo por cada Estado firmante.

El Perú perdería la soberanía del 53% de la Amazonía entregándose a un ente supranacional que definiría en última instancia cualquier conflicto ambiental en toda esta gran extensión territorial de selva, si el Congreso de la República decide ratificar la suscripción del Acuerdo de Escazú que sólo beneficiaría a las ONG que estuvieron detrás de este convenio.

Es decir, en términos prácticos el Perú mantiene para sí el área de 782,880.55 km2 que comprende toda la Amazonía peruana, pero “pierde el poder de mandar” sobre más de la mitad de este territorio, lo cual fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales en favor de sectores radicales y de algunas ONG que serían los grandes beneficiados del acuerdo.

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú firmado el 27 de septiembre de 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas “relativizaría” lo que nunca debe pasar con la extensión más grande del país, es decir, se va a terminar sosteniendo que la Amazonía es “patrimonio común de la humanidad” como lo es la Antártida.

Francisco Tudela, connotado internacionalista, se pronunció en contra de que el Perú se sume al Acuerdo de Escazú. ¿El motivo? El país perdería soberanía sobre la Amazonía y se fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Agregó que los sectores comunistas y las ONG serían los grandes beneficiados del mencionado acuerdo.

Según el ex canciller de la República, la razón de fondo por la cual el acuerdo sería perjudicial es porque este convenio especifica que “en la administración de justicia en asuntos de medio ambiente en la Amazonía se utiliza tanto el derecho nacional como el derecho internacional”. Es decir, el acuerdo refiere claramente la existencia de esta dualidad legal.

“Esto significa que el tratado lo que hace es abrir las puertas para que asuntos como los conflictos sociales, acontecidos por los lotes 192 en Loreto, en vez de ser resueltos internamente recurran a tribunales internacionales”, dijo Tudela.

Dicho de una manera muy sencilla, se repetiría en términos ambientales el mismo fenómeno que ocurre actualmente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esto va a ser exactamente igual. En los tratados una cosa es lo que se ve y otra cosa muy distinta es la dinámica que el tratado adquiere; cuando se lee la letra de este acuerdo de Escazú uno ve bastantes defectos, como la imposibilidad de hacer reservas, la última instancia es la justicia supranacional y los conflictos a los cuales se refiere son esencialmente conflictos sociales”, apuntó.

Para Tudela, la Amazonía íntegra caería bajo el régimen especial del tratado, lo que no conviene al Perú porque el derecho nacional puede ser puesto de lado y la justicia supranacional, movilizada por las ONG, sea la que termine decidiendo sobre la suerte de los conflictos ambientales.

“Esto representa una pérdida de soberanía respecto al territorio nacional porque el medio ambiente y la gestión territorial están íntimamente ligados. Es decir, el medio ambiente no es como los derechos humanos, una cosa que sucede entre personas, sino es la relación de las personas y el territorio”, explicó.

El ex canciller precisó que con el Acuerdo de Escazú no perdemos el territorio porque el tratado refiere que “respeta la soberanía de los Estados”; el problema es que jurídicamente perdemos la operatividad sobre el territorio nacional sobre ese 53% de la Amazonía.

“ONG ambientalistas movilizan a poblaciones para parar proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, Tía María, etc., la resolución final de esos conflictos ya no se dará en el Perú”, continuó.

Finalmente refirió que en el artículo segundo del acuerdo de Escazú se especifica que “la participación pública” no es necesariamente una comunidad que esté siendo afectada por una mina, un pozo petrolero o una estación gasífera, sino “un tercero” que puede ser una ONG.

“Se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Esto significa que Aprodeh puede demandar directamente. Está dentro de la definición de público, no los interesados o la comunidad”.

Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay es “flagrante” lo que el Acuerdo de Escazú contiene para el concepto que se tiene sobre la Amazonía y su soberanía.

“La Amazonía peruana es parte del suelo del territorio del Perú y en consecuencia la soberanía es objeto de un tratamiento y de absoluta protección en el derecho internacional y el derecho interno. El acuerdo relativiza lo que nunca debe pasar con la Amazonía, van a terminar diciendo que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad como lo es la Antártida”, afirmó.

El acuerdo menoscaba la fundamentación que el Perú guarda sobre el espacio soberano. Es decir, todos los criterios que son innegociables para un país y que es una forma de ir penetrando a una “relativización del concepto de la soberanía”.

“El tratado como tal debería ser revisado y consultado con los especialistas que estamos listos para emitir una posición crítica sobre los intereses nacionales, porque están en juego los intereses del Perú y yo repito que sobre la Amazonía el único criterio válido ante cualquier negociación es que la Amazonía sea considerada como un espacio de soberanía absoluta y no relativa”, aseveró.

Rodríguez Mackay indicó que la idea del Acuerdo de Escazú es comenzar a relativizar la concepción de la soberanía sobre un espacio que es intrínseco al Perú, como es la Amazonía, para el beneficio de terceros.

“No es difícil saber que en el Perú sectores de ultraizquierda y sectores ‘caviares’ siempre han estado en la idea de la relativización de nuestros atributos de soberanía absoluta que tenemos que conservar. El Perú ha pasado por 200 años y no hemos aprendido y por eso hemos tenido fronteras que han sido reducidas. Hoy tenemos un tercio de lo que teníamos en 1821”, recordó.

En consecuencia, añade, ya es tiempo de aprender de la experiencia pasada luego del importante fallo de la Corte de La Haya para exigir que también se respete nuestra soberanía marítima con Chile.

“Aprendamos a entender que nuestra soberanía lacustre, fluvial y amazónica es intangible y, por lo tanto nunca se puede negociar nada que nos ponga en una situación fatal como es la relativización del concepto de la soberanía que aprendimos de la Paz de Westfalia (1648)”, finalizó.

¿De qué trata el Acuerdo de Escazú? Según sus mentores de la izquierda plástica internacional, se trata de globalizar “los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales”, vale decir, nace supuestamente para defender “los derechos fundamentales que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales”.

Lo que tratan es de buscar estándares que cada Estado nacional debe adoptar como mínimo, para garantizar el ejercicio de esos derechos, sin mencionar que debe renunciar a la soberanía sobre dicho territorio.

Y, lo que es más delicado, los Estados deberán implementar medidas orientadas o poner en práctica “enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales”.

Como se recuerda, el Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río, más conocido como el Acuerdo de Escazú, fue aprobado en marzo de 2018 en San José (Costa Rica), y contó con la participación de delegados de 24 países de la región, entre ellos el Perú, con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.